Por: Julio Cesar Blanco Barrera (LA LUCHA CONTINUA)
Fecha publicación: 24/07/2007
En los últimos tiempos la actividad minera en el Perú ha enfrentado conflictos de diversa intensidad con las comunidades locales en las que se ubican (o pretenden ubicarse) los yacimientos y con sus propios trabajadores. En varios de estos conflictos las poblaciones y los trabajadores se han opuesto radicalmente al desarrollo de los proyectos mineros. Casos como los de MINSUR en Tacna, Casapalca en Lima o anteriormente Tambo Grande y Río Blanco en Piura, Cerro Quilish, la Zanja y otros en Cajamarca, muestran el grado de agudización al que han llegado estos conflictos, aquí se han producido enfrentamientos con perdidas de vidas humanas, lesiones graves a la integridad física o destrucción de la propiedad publica y privada.
El gobierno de Alan García, mas allá de implementar una estrategia estructural que parta de revisar los contratos jurídicos con las grandes mineras, ha reaccionado a este hecho social con más represión y tratando de desvirtuar la naturaleza real de dichos conflictos. Con ello García, una vez más, ha dejado en el rincón de los recuerdos sus promesas electorales del 2006 y le viene dando continuidad, a sangre y fuego, a la política económica neoliberal iniciada en el Perú por Fujimori. A continuación detallaremos algunas características que presenta la extracción minera en el Perú y algunas alternativas que consideramos podrían contribuir a solucionar el problema desde la raíz.
Neoliberalismo y minería
El gobierno autoritario de Fujimori, con un programa neoliberal brindó las condiciones propicias para atraer la inversión extranjera. Esto permitió que los empresarios mineros se beneficiaran, afectando a los productores agropecuarios y otros sectores económicos, incrementando el desempleo. Durante este período, se reforzó el centralismo y se profundizó la recesión. Por su parte el gobierno de Alejandro Toledo, con la misma política económica, obligo a seguir las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y facilito la inversión de las empresas mineras. Y por ultimo el actual gobierno presidido por Alan García Pérez le da continuidad a estas iniciativas antipopulares.
Con esta política el Estado a través del Ministerio de Energía y Minas, se convierte en propietario o accionista de empresas mineras; en regulador de la política del sector minero, en fiscalizador para el cumplimiento de las normas ambientales y, a la vez, en promotor de las inversiones mineras. En consecuencia, no existe ninguna institución que vigile las actividades del Ministerio de Energía y Minas y proteja los derechos e intereses de las comunidades afectadas. Es decir el Estado ha implementado toda una red para facilitar la inversión minera, sin el cumplimiento de las normas ambientales y una adecuada y real participación de las comunidades afectadas y los trabajadores en la toma de decisiones.
Debido a ello la expansión de la actividad minera ha comprometido un importante número de cuencas, la disponibilidad del agua e impacto en la biodiversidad, poniendo en peligro la producción agropecuaria que resulta vital para la supervivencia de las comunidades. Lo grave es que la minería ha ingresado a tierras agrícolas afectando los escasos terrenos de cultivos altamente productivos de los valles interandinos y de la costa. Esta expansión afecta las tierras de 3,200 comunidades campesinas que se han visto invadidas sin previa consulta.
Aun cuando en el Perú las exportaciones mineras ascienden a US$ 4 573 millones de dólares anuales y representan el 51% de las exportaciones totales, la producción minera sólo contribuye con el 5% del Producto Bruto Interno (PBI), aportando en impuestos con un promedio anual de 1.9 % de sus exportaciones. Entre 1992 al 2002 la producción minera acumulada superó los 63 mil millones de soles, pero sólo aportó como canon 654 millones de nuevos soles, lo que es apenas el 1%.
La actividad minera tiene un limitado efecto multiplicador en la producción y el empleo, debido al alto nivel tecnológico incorporado en las nuevas inversiones desde los años 90. La minería peruana sólo emplea directamente a 67 mil personas de la población económicamente activa de los cuales 10 mil son personal en planilla con beneficios sociales y 57 mil bajo el sistema de SERVICES, sin beneficios sociales, con trabajos de 12 horas y jornales inferiores a 9 dólares. Se estima que la generación de 1 puesto de trabajo en el sector tiene un costo de $ 267.00. En Casapalca, por ejemplo, solo hay 110 empleados en planilla y 1,548 se encuentran bajo el régimen de las Services. Asimismo, la minería al no contar con las familias mineras en el área de operaciones no consume productos de la zona. Incluso para la alimentación del personal se adquiere alimentos en frío de proveedores extranjeros.El efecto de la compra de tierras para uso minero ha generado el desplazamiento de campesinos, principalmente, a ciudades cercanas. En éstas al no encontrar empleo y gastarse el dinero recibido, los campesinos pasan a engrosar la población de pobres marginales, soportando, adicionalmente, un encarecimiento del costo de vida. El caso de Cajamarca revela que un incremento del PBI per. cápita entre 1 992 y el 2 001 se tradujo en el pase del cuarto al segundo lugar entre los departamentos más pobres del Perú y en él opera la mina de oro más grande de Latinoamérica y la 4ta, en el mundo.
Consecuencias de la actividad minera en el Perú
a) Minería y agricultura:
Con la apertura de la economía liberal en los años 90, el sector agrario fue sumamente perjudicado debido a los subsidios aplicados por los países exportadores para favorecer la entrada de productos importados al mercado nacional. Esto trajo como consecuencia el menoscabo de la producción agrícola y contribuyó a la caída de los precios de los principales productos agropecuarios: el arroz, papa, carne, lana y fibra, entre otros. La situación se agravó aún más por el incumplimiento del gobierno de dar prioridad al desarrollo del sector agrario y de aplicar medidas efectivas para su reactivación. Peor aún será para los productores con la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) ya que los pequeños productores no podrán competir con la producción tecnificada de los EE..UU.
Desde hace más de una década, en el Perú, se viene aplicando una política neoliberal sujeta a los compromisos de los gobiernos de turno con el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, OMC, BID, etc. Dentro de este contexto, se dictaron normas que otorgaron prioridad a la actividad minera sobre la actividad agrícola; facilidades para el acceso a tierras y agua para uso minero, vulnerando los derechos de propiedad de las comunidades; facilidades económicas para el desarrollo de la minería en mejores condiciones que otros sectores económicos, a través de contratos de estabilidad tributaria, beneficios por la reinversión de utilidades, la exoneración de impuestos, la flexibilización laboral, la fiscalización ambiental, etc.
Ha sido y es asunto vergonzante la ausencia o presencia débil del Estado para resolver los conflictos entre las comunidades y las empresas mineras. Su rol de promotor de las inversiones mineras hace que su actuación en los conflictos se incline a favor de las empresas mineras. Un ejemplo de esta situación es el deplorable papel que viene cumpliendo el Estado en Tambogrande, Majas y otros centros mineros en el país.
b) Minería, medio ambiente y agua:
Los pasivos ambientales y sociales del sector minero no han sido resueltos totalmente hasta la fecha: cuencas, lagos, lagunas y ciudades contaminadas y en destrucción permanente, conflictos entre las comunidades y las empresas por el control de la tierra. Todo esto se intentó resolver con la aplicación por cinco años de los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) por parte de las empresas mineras, sin embargo, no se han obtenido resultados satisfactorios públicos hasta la fecha. La autoridad encargada de la fiscalización y el cumplimiento de estos programas es el Ministerio de Energía y Minas. Este órgano ha incurrido en violación de sus propias normas al exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos por las empresas mineras, facilitando la ampliación del período de ejecución de los PAMAs con la dación de una nueva norma: el PEMA (Programa Especial de Manejo Ambiental) para empresas que no hayan cumplido con el PAMA pueden acogerse al PEMA. Tras el otorgamiento por el Estado de las concesiones mineras, las empresas desarrollan el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) con una Consultora Ambiental pagada por la empresa y se procede a la aprobación del mismo por el Ministerio de Energía y Minas después de la Audiencia Pública. Esta última no constituye una consulta sino una reunión para sugerir cambios que permitan superar las 'imperfecciones' del EIA. El Ministerio de Energía y Minas no tiene la capacidad para fiscalizar la veracidad de los datos de los indicadores ambientales consignados en la línea base del EIA y hasta el momento no ha desaprobado ningún EIA correspondiente a un proyecto minero de mediana o gran envergadura que implique el retiro del mismo. A pesar que existe un rechazo al mecanismo, poco se hace para mejorar el procedimiento. La Audiencia Pública resulta ser un mecanismo estatal pro mina con fachada democrática y participativa.
c) Minería, tierra y territorio:
El artículo 89º de la Constitución Política de 1993, sólo reconoció el carácter imprescriptible del derecho de propiedad de las comunidades campesinas y nativas sobre sus tierras, no haciendo lo mismo con las características de inembargabilidad e inalienabilidad como lo establecía la Constitución de 1979. En ese sentido, la actual Constitución no garantiza el derecho de las comunidades a un territorio que ha sido suyo desde tiempos inmemoriales, disminuyendo el derecho de propiedad y no reconociendo todos los atributos que este derecho tiene en el caso de las comunidades con respecto a las tierras y territorios que ocupan.
Los propietarios de los territorios, sean comunales o individuales, sólo tienen derecho al suelo, mientras que el Estado es propietario del subsuelo, en donde se encuentran los recursos mineros. Por ello, las concesiones para el desarrollo de las actividades mineras sitúan en una posición de inseguridad jurídica el derecho de propiedad de las comunidades, muy a pesar de que la Constitución Política señale que este derecho es inviolable, que el Estado lo garantiza y que a nadie se pueda privar de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública declarada por ley. Sin embargo, es el propio Estado que, mediante el procedimiento de servidumbre que le compete al Ministerio de Energía y Minas, viola la Constitución y el derecho de propiedad con el fin de otorgar tierras a las empresas mineras cuando las comunidades no están de acuerdo en cederla para la realización de actividades mineras, con ello el propio Estado viola derechos de sus ciudadanos.
El conflicto generalmente se origina cuando se hacen contratos de compra-venta de tierras para que las empresas mineras tengan acceso y desarrollen sus actividades. Estos contratos no observan los requisitos legales establecidos por la ley No. 26505 que señala que para disponer, gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto sobre las tierras comunales de la sierra o selva, se requerirá del Acuerdo de la Asamblea General con el voto no menor de los dos tercios de todos los miembros hábiles de la Comunidad, mientras que para el caso de la costa se requerirá el voto a favor de no menos del cincuenta por ciento de los miembros asistentes a la Asamblea instalada con el quórum correspondiente. En la realidad, las empresas se aprovechan de las urgencias económicas de los pobladores, de la falta de conocimiento de sus derechos. Asimismo, el carácter expropiatorio de la vigente ley de servidumbre minera y su rechazo por parte de las comunidades han hecho que su aplicación sea inviable (además de ser una norma inconstitucional).
El Estado no ha implementado procedimientos de participación y consulta adecuados y efectivos, para que las comunidades tomen decisiones en la función a sus prioridades de desarrollo o sobre el desarrollo de actividades mineras en sus territorios, de acuerdo al Convenio Nº 169 de la OIT, Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, suscrito por el Estado Peruano.
Alternativas de solución al problema minero
Lo primero que debemos hacer es reconocer que los problemas generados por la minería en el Perú, mas allá de tener expresiones técnicas y particulares, tienen una naturaleza política expresada en la aplicación, por parte de las clases dominantes que controlan el estado, de una estrategia de dominación y sometimiento a los grandes grupos de poder dominantes e imperialistas a escala mundial. Esa estrategia hoy se llama neoliberalismo y se encuentra sostenida jurídicamente en la Constitución de 1993 promulgada por el corrupto y dictatorial gobierno de Alberto Fujimori Fujimori.
En ese sentido, lo primero que debemos exigir si realmente queremos acabar con las nefastas consecuencias generadas por la minería, es la convocatoria cuanto antes a una Asamblea Constituyente que le permita al pueblo en su conjunto rehacer, de acuerdo a sus necesidades y genuinas aspiraciones, el modelo de estado imperante. En esta nueva constitución del estado peruano se anularan los grandes beneficios tributarios y concesiones de los que hoy gozan las empresas mineras, se promoverá la creación de formas realmente democráticas que permitan al pueblo y a los trabajadores ser tomados en cuenta a la hora de realizar las grandes decisiones de trascendencia nacional, se respetara realmente el derecho a la tierra y al territorio de las comunidades indígenas sobre las que muchas veces se han asentado los consorcios mineros, se aplicaran mecanismos que promuevan la preservación de la vida y del medio ambiente, entre otras medidas que reivinquen al pueblo y al ser humano sobre la gran inversión privada.Estas demandas ya fueron planteadas en su momento (elecciones presidenciales del 2006) por Ollanta Humala y tímidamente por Alan García, logrando concitar la atención de millones de peruanos que en esa oportunidad depositaron su voto por el cambio y contra el continuismo neoliberal. Alan García, sin embargo, viene demostrando una vez mas que lo dicho en la campaña electoral no era mas que retórica demagógica y que una ves en el gobierno esta dispuesto a profundizar el saqueo neoliberal. Es tarea pues del pueblo, ha través de la movilización y la lucha unitaria y centralizada, imponer nuevamente estas demandas programáticas que nos permitirán avanzar hacia el ansiado objetivo de la liberación nacional y de esa manera empalmar con los grandes procesos de transformación social que hoy se viven en los países hermanos de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Cuba.
http://www.argenpress.info/nota.asp?num=045321&Parte=0